Nuevo León.- Por considerar que incurre en conflicto de interés al tener un hermano que es líder de los Diputados del PAN en el Congreso local, abogados y el PRI estatal solicitaron ayer al juez Primero de Distrito en Material Penal, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, abstenerse de resolver el amparo contra el arraigo de Manuel Jonás Larrazabal, hermano del Alcalde panista de Monterrey.
Ayer se publicó que el juez Salinas Wolberg es hermano del coordinador panista Hernán Salinas Wolberg y habría recibido el caso debido a una estrategia legal de la defensa de Larrazabal para que lo turnaran a su juzgado.
Rogelio Martínez Vera, ex director del Centro de Investigaciones Jurídicas del Tec, señaló que, por su vinculación, el juez está impedido para conocer el caso de Jonás, quien fue arraigado el 1 de septiembre por los delitos de cohecho y delincuencia organizada luego de difundirse videos que lo muestran recibiendo pagos en efectivo en casinos.
"Es un impedimento para el juez", señaló Martínez Vera. "No puede actuar ni puede conocer de este asunto por la vinculación que tiene con algunos de los promoventes por sus relaciones de amistad o de relaciones de enemistad. Él debe de excusarse.
"Si el juez es honesto", agregó, "debería de declinar, inhibirse, pero si no, el Ministerio Público debería de promover la inhibitoria y probar el vínculo que existe entre este juez con los promoventes".
Alfonso Verde Cuenca, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, señaló que, al ser hermano del líder de la bancada local panista, el juez tiene motivos suficientes para inhibirse.
Expertos en leyes señalaron el lunes que la asignación del caso al juez Salinas Wolberg que en teoría se hace de forma aleatoria pudo haberse debido a una estrategia legal de la defensa de Jonás buscando beneficiar a su cliente.
En esta estrategia, la defensa habría pedido el amparo no sólo contra actos del juez de Preparación Penal en Monterrey que ordenó el arraigo, sino también contra cinco de los seis jueces de distrito que resuelven amparos, excepto el juez hermano del coordinador panista.
Así, a la Oficialía de Partes no le habría quedado más opción que turnar el caso al juez Salinas Wolberg.
El abogado Óscar Adame opinó que la Procuraduría de Justicia estatal debe presentar denuncias contra el juez y contra el hermano de Larrazabal.
"Es una 'chicana', una trampa para conseguir un objetivo irregular", dijo Adame.
"La Procuraduría debe de presentar la denuncia correspondiente", agregó, "primero una queja ante el Consejo de la Judicatura para decir que este juez no puede conocer de este asunto y (luego) presentar una denuncia penal por la violación a la Ley de Amparo".
La dirigencia del PRI estatal también exigió al juez Salinas Wolberg recurrir a una excusa forzosa para no resolver el amparo.
"El juez debe ser muy cuidadoso para no incurrir en una responsabilidad de las que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación", señaló Álvaro Ibarra, líder del PRI.
La bancada del PRI en el Congreso local también exigió ayer al juez inhibirse en el caso e interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura para evitar que avance este proceso legal.
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