Veracruz.- Luego de que María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera fueron acusados por el gobierno estatal de terrorismo y actos de sabotaje al difundir vía Twitter avisos sobre presuntos ataques del crimen organizado en escuelas públicas de la zona conurbada, el PRD en el Senado exige al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa la liberación de los mismos. El caso fue retomado por el Senado. Legisladores de la fracción del PRD consideraron la detención de estos 2 sujetos como un asunto desproporcionado. "Este es un acto de una desproporción infinita", dijo Francisco Castellón al referirse al incidente, pues convertir un rumor en una situación presuntamente caótica se está convirtiendo en un delito que varios congresos están avalando.
Castellón Fonseca admitió que las autoridades veracruzanas esgrimen una difusa concepción del delito que podría tomar tintes peligrosos ya que ahora los dichos en Twitter y otras redes sociales podían configurar el delito de terrorismo.
"Este es un precedente del más terrible de los oscurantismos. Es un miedo a los ciudadanos", expresó.
Acompañado del vicecoordinador de la bancada amarilla en el Senado y de algunos twitteros, el legislador por Nayarit adelantó que presentarán un exhorto al gobernador Javier Duarte para que retiren los cargos en contra de Bravo y Martínez.
El asunto trascendió a las redes bajo el hashtag #twitterrorismo, #Koreacruz y #VeracURSS, donde la comunidad internauta criticó severamente al gobernador veracruzano, quien en todo momento defendió su postura.
Los legisladores también pedirán a la administración priista a que en el marco de sus atribuciones implementen un sistema que brinde información oportuna que advierta a la población de posibles riesgos en determinadas zonas. En pocas palabras: un sistema que desmienta el rumor, en vez de castigar al que lo propaga.
"Es un asunto que debe tomarse con la mayor seriedad posible", exclamó Castellón al tiempo que pedía programas sociales que eduquen a la población a utilizar apropiadamente las redes sociales.
El punto de acuerdo fue firmado por los senadores Carlos Sotelo, Máximo García Zalvidea, Arturo Herviz, Dante Delgado, y el propio Francisco Castellón, quienes adelantaron que impulsarán reformas el Código Penal de Veracruz para evitar cualquier posible lesión a los derechos de expresión de los ciudadanos.
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