Distrito Federal.- Funcionarios de la dependencia informaron que los oficios comenzaron a girarse el 31 de octubre contra servidores públicos que tienen alto nivel de “estrés”, “mal carácter” y por pérdida de confianza. MILENIO tiene copia de uno de esos oficios, en el cual se señala que la baja de un elemento de la Policía Federal Ministerial se da por “enojón”, ya que le molesta que las cosas no se hagan como él quiere y porque detectaron falta de veracidad en el rubro de beneficios lícitos.
Los oficios están firmados por Maura Hernández Hernández, secretaria instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización.
De acuerdo con los exámenes de confianza, éstos tienen como propósito comprobar que los servidores de la PGR den cumplimiento a los principios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, disciplina y respeto a los derechos humanos.
En el documento en poder de este diario se da a conocer el entorno en el que vive el agente federal, su examen médico, hábitos personales y sus funciones como elemento de la Policía Federal Ministerial. Esta fue su tercera evaluación; la última se le practicó en 2005.
“Tiene disminuida confianza en sí mismo, hecho que lo lleva a estar constantemente inseguro de sus capacidades, de ahí que requiera del reconocimiento del exterior para solventar dichas debilidades, al punto de que se torna dependiente de aprobación por parte de los demás”, se señala en el documento.
“Esa dependencia que proyecta hacia su medio ocasiona que sea suspicaz y se mantenga alerta a la crítica, esperando que ésta sea favorable y que sean los demás quienes se adapten a sus expectativas; sin embargo, si sucede lo contrario, se vuelve enojón.”
Protesta de los afectados
En tanto, elementos de la Policía Federal Ministerial enviaron una carta a los medios, en la que aseguran que dicho procedimiento está “amañado”, pues la mayor parte de las resoluciones están fundadas en problemas psicológicos y no en actos de corrupción o enriquecimiento inexplicable.
“Los resultados son harto estúpidos, pues en ningún caso alguien ha sido notificado de su destitución por ilícitos de corrupción, enriquecimiento inexplicable, violación de derechos o pérdida de confianza fundamentadas o aportaciones de pruebas; en la mayoría de casos las resoluciones están fundadas en problemas psicológicos e inconsistencias no aclaradas en los exámenes poligráficos”, aseguraron.
Manifestaron que el proceso de destitución —“como parte de la supuesta limpia de la institución (Proyecto Fénix)”— fue llevado a cabo en un marco de falta de transparencia y violentando sus derechos y garantías individuales.
Asimismo, cuestionaron la eficiencia del actual titular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díaz Leal, de quien dijeron fue removido de la Policía Federal (de la SSP) por no actuar oportunamente (en mayo de 2007) durante un enfrentamiento en Cananea, Sonora, que dejó un saldo de 23 sicarios muertos, además de policías.
“En esas fechas Díaz Leal era director de Seguimiento Operativo de la Policía Federal; fue cesado porque se le cuestionó la facilidad con que medio centenar de sicarios a bordo de un convoy de camionetas ostentosas transitaba sin ser detectado en carreteras federales, lo que desencadenó un enfrentamiento (con el Ejército)”, manifestaron.
En mayo de 2009, luego de casi ocho años, la Agencia Federal de Investigación (AFI) desapareció para convertirse en Policía Federal Ministerial (PFM). En su primer periodo estuvo bajo el mando de Nicandra Castro Escarpulli como encargada de despacho. Sin embargo, en la práctica siguen identificándose como elementos de la AFI.
En diciembre de ese año el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid asumió la titularidad de la PFM, cargo que desempeñó hasta fines de abril de 2011. Entonces había 4 mil 500 elementos.
Robledo Madrid emprendió un programa de restructuración con el que pretendía llegar a 7 mil u 8 mil policías ministeriales.
Mando queretano olvidó aplicar pruebas
••• En el municipio de Huimilpan, ubicado a 24 kilómetros de la capital queretana, fue relevado Arturo Reséndiz, jefe de la policía, a quien simplemente “se le olvidó” aplicar exámenes toxicológicos, evaluación de confianza y pagar cursos de capacitación, aseguró la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
••• En el municipio de Huimilpan, ubicado a 24 kilómetros de la capital queretana, fue relevado Arturo Reséndiz, jefe de la policía, a quien simplemente “se le olvidó” aplicar exámenes toxicológicos, evaluación de confianza y pagar cursos de capacitación, aseguró la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Las irregularidades salieron a la luz luego de una indagatoria de este órgano, a partir de que el policía José Noel Araujo Mariscal, de 39 años, atropelló y mató a un menor cuando conducía una patrulla ebrio y drogado.
Según el expediente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Huimilpan no existe un método de selección de policías, puesto que no se verificaba de manera adecuada si tienen adicciones o antecedentes penales. Autoridades del municipio acordaron sustituir a Arturo Reséndiz y nombrar en su lugar a Leonardo Flores Mata, quien tiene 14 años de experiencia en la dependencia.
En el reporte del organismo se señala que la corporación no realiza exámenes toxicológicos ni pruebas de control de confianza, además de que detectó que un agente tenía antecedentes penales.
Lo anterior salió a la luz cuando la CEDH solicitó documentación del oficial Araujo Mariscal, a partir de que atropelló y mató a un menor.
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